El ex vicepresidente Amado Boudou deberá sentarse a las 9.30 en el banquillo de los acusados por la causa de la supuesta apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica, luego de que ayer fracasó en su último intento para postergar el inicio del juicio oral donde deberá dar explicaciones por cohecho y malversación de caudales públicos.
El Tribunal Oral Federal 4 de esta Capital rechazó un planteo de la defensa de Boudou que pretendía demorar el debate, a la espera de que se definiera su situación en otras causas que a su criterio tienen que ver con el caso: una investigación por un contrato firmado entre The Old Fund y la provincia de Formosa para asesoramiento en la deuda publica y el expediente por el presunto enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente y su entorno.
El TOF 4 es el encargado de juzgar otra causa contra el ex funcionario, la que investiga la compra de autos de lujo por parte del Ministerio de Economía cuando él encabezaba esa cartera.
Junto a Boudou en el banquillo de los acusados están su amigo y empresario José María Núñez Carmona; el abogado y líder de la firma The Old Fund SA Alejandro Vandenbroele; el antiguo dueño de la imprenta Nicolás Ciccone; el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner; y el ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri.
Además de los acusados y sus abogados, en el juicio oral a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez estarán los fiscales Marcelo Colombo y Santiago Eyherabide y las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de información Financiera (UIF).
El caso. Según la hipótesis de la causa, cuando la empresa Ciccone estaba en la quiebra, The Old Fund apareció para ofrecerles levantarla y quedarse con el 70 por ciento del paquete accionario mientras conseguía un beneficioso plan de pagos con la AFIP y encaraba la impresión de billetes de moneda nacional.
En su acusación, el fiscal Jorge Di Lello sostuvo que Boudou «desplegó su influencia» para facilitar las maniobras de «adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica» y su posterior «habilitación para contratar con el Estado Nacional», con la colaboración» del resto de los acusados.
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