El Ministerio de Seguridad volvió a ofrecer $1.000.000 para quien aporte información sobre Sebastián Romero, dirigente del PSTU
Sebastián Romero está prófugo desde el 19 de diciembre de 2017. Tiene una orden de captura internacional por disparar pirotecnia contra las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos en el Congreso mientras se desarrollaba el debate por la reforma previsional en la Cámara de Diputados, tras las elecciones legislativas de ese año. Su rostro se hizo conocido por el llamativo método utilizado para repeler a los efectivos: un mortero montado en un palo.
Desde hace dos años, el Gobierno no logra dar con el paradero del militante de izquierda, que integra el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) en Santa Fe. Por eso, el Ministerio de Seguridad volvió a ofrecer una recompensa de $1.000.000 para los que tengan información relevante sobre el activista. Esta vez, en la difusión incluyeron imágenes digitalizadas con las «posibles caracterizaciones» faciales que podría tener hoy el hombre prófugo de la Justicia.
Romero fue registrado por la prensa y las cámaras de seguridad el último 18 de diciembre. Por su agresión, el ex precandidato a diputado nacional por Santa Fe fue imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, delitos que cuentan con una pena máxima de hasta 15 años de prisión.
En las últimas horas, la Policía Federal volvió a publicar la búsqueda en su cuenta de Twitter e incluyó una suerte de identikit con diez «posibles caracterizaciones» o looks del prófugo: con pelo corto, calvo, con barba y lentes o gorra, entre otros.
Las imágenes que capturaron los disparos de Sebastián Romero en la Plaza de los Dos Congresos.
El año pasado, Romero decidió publicar una carta en sus redes sociales a fines de marzo. En el posteo, «el hombre del mortero» se justificó: «Hace más de tres meses que no veo a mi familia, mis amigos, a mis compañeros de la fábrica ni a mis vecinos. Estoy siendo perseguido como si fuera un terrorista». En el escrito pidió también»pelearle a este gobierno hambreador» y «sacar a Macri como sacamos a De la Rúa en 2001».
Según el pedido de recompensa, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich argumentó en su resolución que Romero participó de las «conductas violentas desplegadas contra el personal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que conformaba una línea de contención para evitar el avance del público hacia el Honorable Congreso de la Nación».
La causa en la que se lo investiga a Romero está radicada en el juzgado federal que conduce Sergio Torres y tiene como fiscal a Alejandra Mangano. El juez sobreseyó a 58 de las 69 personas que habían sido detenidas aquel día porque no hay nada que acredite que estuvieran cometiendo un delito o acto de violencia que justificara la privación de la libertad o una imputación penal. Es que la mayoría de las actas policiales fueron redactadas con descripciones genéricas, sin la menor referencia a un hecho, lugar y momento concreto.
Por su lado, el activista no tuvo buenas noticias en lo judicial. Un abogado que se presentó como defensor del prófugo instruyó recursos ante el juez Torres y la Cámara Federal para lograr la exención de prisión, pero todos fueron rechazados.
Según la investigación judicial y tareas de inteligencia, el dirigente del PSTU estaría fugado en el exterior.
