
El controvertido tramo IV.2 de las obras del Salado es motivo de un nuevo reclamo: el Consejo Asesor del Plan Maestro, que integran representantes de CONINAGRO, CARBAP, SRA, FAA y la UIA, se plantó ante la Nación para exigir la total reactivación de esa etapa, “hasta ahora reanudada solo parcialmente, por lo que a este paso no podrán cumplir con los plazos comprometidos de un año de ejecución”.
“Valoramos la reanudación de las obras, pero es una reactivación solo parcial. Hay solo dos dragas trabajando en uno solo de los tres subtramos de 10 km cada uno, que juntos suman los 30 km entre Ernestina y la ruta nacional 205, por eso la exigencia que planteamos, lejos de ser un capricho, es un acto de responsabilidad , afirmó Alberto Larrañaga, titular del Consejo Asesor.
En este contexto, el Consejo Asesor reclama al Gobierno nacional “la reactivación inmediata y simultánea de las tres etapas del tramo IV.2, cuya paralización afecta gravemente a zonas aledañas de Roque Pérez, 25 de Mayo, Lobos y Navarro y condena a numerosos productores a estar tapados por el agua en ese cuello de botella”.
Con el propósito de resolver la cuestión, el Consejo Asesor viene de mantener reuniones de gestión con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, área bajo la órbita del Ministro de Economía, Luis Caputo, mientras se considera la posibilidad de emprender otras acciones, entre las que se barajan distintas alternativas, además del regreso al reclamo itinerante por localidades de la cuenca del Salado, realizado meses atrás, y la acción gremial de sus respectivas entidades
Por otra parte, desde el Consejo se cuestiona la falta de transparencia en la contabilización y ejecución de los recursos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, más conocido como Fondo Hídrico Nacional y creado a principios de este siglo junto al lanzamiento del Plan Maestro. En tal sentido, el Consejo Asesor reclama la instauración de una página oficial para facilitar el acceso público a dicha información.
Los montos acumulados en este fideicomiso hídrico superarían los 190 mil millones de pesos, “que están durmiendo la siesta en colocaciones financieras en el Banco Nación, que es el ente fiduciario, mientras las obras se paralizan por deudas que no llegan al 20 por ciento de esa cifra. Esto no resiste el menor análisis, es inexplicable e inaceptable”, denunció Larrañaga.
“Son fondos afectados, que provienen de un gravamen específico a los combustibles, y no tiene nada que ver con el equilibrio fiscal. Al contrario, la prevención o mitigación de inundaciones, lejos de atentar contra el equilibrio fiscal, lo fortalecen, por el lado de la recaudación de diversos impuestos a actividades productivas y comerciales que se resienten con los desastres hídricos”, afirmó el titular del Consejo Asesor.