La diputada Alejandra Lorden (UCR) presentó un proyecto para sancionar la manipulación digital y prohibir las granjas de bots ilegítimas.
La diputada bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Alejandra Lordén, presentó un proyecto de ley para prohibir las denominadas “granjas de trolls” en la provincia de Buenos Aires cuando su finalidad sea ilegítima. La iniciativa busca frenar el uso de estas estructuras digitales que manipulan la opinión pública, desinforman y alteran procesos democráticos, en vísperas de los nuevos comicios legislativos.
En el texto, la diputada Lordén define a los “bots” como un conjunto de sistemas, cuentas o programas que operan de manera automatizada y coordinada para simular comportamiento humano o amplificar contenidos sin intervención individualizada.
En ese marco, Lordén busca prohibir el uso de granjas de bots para la manipulación de la percepción pública, difundir contenidos falsos, alterar métricas digitales o simular apoyos políticos, sociales y comerciales. A su vez, la normativa sanciona la vulneración de la privacidad, la suplantación de identidades y los intentos de interferir en procesos electorales o de participación ciudadana.
Al respecto, la diputada reconoce que, si bien la problemática no es ajena a la realidad nacional ni a la de la provincia de Buenos Aires, es necesario avanzar en un marco normativo que imponga sanciones ejemplares y, al mismo tiempo, fomente la capacitación ciudadana.
En ese sentido, el articulado contempla multas económicas sin tope máximo para quienes violen la norma. Según propone el proyecto, la Justicia bonaerense fijará la graduación final de la pena, con un piso de 50 Unidades Fijas (UF) para las personas físicas y de al menos 500 UF para las personas jurídicas, según la gravedad e intencionalidad del hecho, la capacidad económica del infractor y la reincidencia.
Asimismo, la propuesta también prevé una serie de sanciones accesorias para los actores involucrados. En el caso de individuos particulares, la iniciativa establece la inhabilitación de al menos cuatro años para quienes ocupen cargos públicos, mientras que para las empresas se contempla la suspensión o cancelación de habilitaciones, la prohibición de contratar con el Estado provincial y otras restricciones administrativas.
De acuerdo con el documento oficial, todo lo recaudado en concepto de multas se destinará a una cuenta especial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Estos fondos se aplicarán a programas de prevención, fiscalización y educación digital, con el fin de promover la alfabetización mediática y tecnológica en la provincia.
Por último, la diputada Lorden advierte que el fenómeno de las granjas de bots constituye “una amenaza creciente” en la sociedad. La legisladora de la Séptima sección remarca que estas prácticas no solo “erosionan la confianza ciudadana en las instituciones” sino que también “afectan el normal desarrollo de los procesos electorales”.
