María Mancini – Concejala Frente de Todos
Estamos atravesando una serie de cambios que interpelan diferentes aspectos del funcionamiento del Estado Argentino, rompen en cierta forma con el statu quo establecido. Entre ellas por estos días las llamadas “jubilaciones de privilegio” para miembros del Poder Judicial y cuerpo diplomático. Una vez mas un tema largamente interpelado por la sociedad argentina se pone en tela de juicio por sectores no solo de la corporación judicial, sino por los que hasta ayer eran gobierno.
Es lógico si tenemos en cuenta la estrecha relación que el Poder Ejecutivo en todos los niveles, tuvo durante estos cuatro últimos años con la justicia, deteriorando aun mas un Poder Judicial, dudoso, poco operativo, parcial y arbitrario en muchos casos. Con respecto a esto se observa con asombro a funcionarios y políticos de toda índole repetir con suerte de tanda publicitaria ideas como “esta nueva ley que impulsa el poder ejecutivo puede hacer que muchísimos jueces se adhieran al beneficio jubilatorio y hacer que la justicia se paralice por un determinado tiempo”. Realmente me pregunto de donde salen semejantes fundamentos, qué rigurosidad tienen y si ese es el condicionante para decir no a una vieja deuda que acarrea nuestro sistema previsional. Un sistema que en este caso convalidó y consolidó a sectores de privilegio dentro de un sistema público de reparto, y donde es necesario fortalecer en forma urgente el carácter redistributivo y solidario.
Podemos suponer que un número determinado de jueces decidan acogerse al beneficio jubilatorio, ¿es ese el motivo por el que la justicia se ralentizará? Tenemos un justica lenta, que ha ido en picada a lo largo de los años, y en esto trato de aplicar toda la objetividad que me cabe como figura política, no creo que este sea la causa que, de lentitud a cada proceso judicial, en todo caso hay que revisar el sistema judicial, otros de los objetivos del gobierno de Alberto Fernández.
Otro argumento pasa por la direccionalidad política de los nuevos jueces que se nombren, justamente después de haber pasado por un gobierno, como el de Mauricio Macri, que utilizó todas las herramientas posibles en el manejo de la justicia, interfiriendo en todo, desde la persecución a jueces que se vieron obligados a renunciar, las escuchas telefónicas e indebidas relaciones entre el poder judicial y el ejecutivo y el llamativo nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Caben como ejemplo la destitución del Juez Arias, con pruebas inconsistentes, arbitrarias, en definitiva, poco trasparentes. O el caso Carlos Rozanski, titular del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata que dio un paso al costado en el 2016 y antes de presentar su renuncia, se declaró «brutalmente perseguido». Cuando se fue, vinculó esta decisión de «los representantes del Poder Ejecutivo» a la intención de frenar el avance de los juicios de lesa humanidad hacia «complicidades civiles”. O la persistente persecución a la Procuradora General de la Nación Dra. Gil Carbò hasta lograr su renuncia.
Respecto a los medios de comunicación y la vinculación a causas judiciales arbitrarias es clarificador cuando el expresidente en una entrevista pública dice frente a la excarcelación de los dueños de C5N, “esto no fue lo que arreglamos”, y volvieron a ser detenidos.
Ni hablar del comportamiento y desempeño profesional, del Juez Bonadío que se convirtió en el haz de la persecución política judicial con detenciones preventivas arbitrarias o violaciones del debido proceso, caso emblemático fueron los referentes a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner hoy vicepresidenta de la Nación.
Puedo aceptar y entender los reclamos de la corporación judicial, puedo estar atenta a la solicitud de modificaciones y consideraciones referentes a la carrera judicial, pero la esencia de las reformas en las jubilaciones de privilegio entiendo no pueden ser motivo de cuestionamiento, y menos aún partiendo de argumentos endebles, mentirosos y de poca relevancia para el fondo de la cuestión.
Evidentemente ahora después cuatro años preocupa la justicia para Juntos por el Cambio, ahora preocupa la Paritaria Docente, ahora en medio de un país endeudado en donde se trata por todos los medios de negociar dignamente con los organismos multilaterales de crédito una situación gravísima a la que nos llevaron ellos mismos, deuda generada por empréstitos de los que no se invirtió un solo peso en activar la economía argentina sino que fueron capitales que se fugaron del país beneficiando a los amigos del poder.
No sé si tiene que ver con desinformación, perversidad o simplemente se encerraron en la burbuja del relato, pero no hace falta demasiado para saber lo que nos pasaba y nos pasa.
Y no es mi reflexión para una entelequia mediática, es lo que veo y escucho acá en el pago cercano, viendo despertar a algunos actores a una realidad que escondieron, negaron o ignoraron.
Se preguntan ahora por el Hospital de Saladillo, cuando durante cuatro años ni se enteraron del caos y el desabastecimiento hospitalario.
Se enteran del desempleo hace un mes, cuando golpeó y golpea a nuestra gente, al vecino.
Pidieron que se cumpliera con la paritaria docente, cuando fue suspendida por Macri. Hoy acaba de cerrarse con un acuerdo nacional.
Hablan de la intromisión del gobierno en la justicia sin haberse enterado que èsta fue cómplice del caso Correo Argentino, emblemático para demostrar la corrupción de la familia Macri, con la persecución de la fiscal de la causa, Dra. Boquin.
Hablan de las estafas a jubilados, cuando perdieron entre el 2015 y el 2019 más del 30% del poder adquisitivo, les quitaron la medicación gratis, hoy restituida, y vaciaron el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Anses reaseguro del sistema jubilatorio.
Estamos atravesando una situación muy grave en nuestro país, en donde a los problemas estructurales como la inflación, y la pobreza entre otros se unen la profundización de una argentina devastada por un gobierno irresponsable, entreguista y negador de los derechos del pueblo argentino.
Seamos responsables y cautelosos en nuestras manifestaciones y argumentos, la cautela, la discreción y la humildad son también actitudes políticas necesarias para la reconstrucción de lo perdido.
