El Ejecutivo nacional que lidera Javier Milei puso en marcha una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones y confirmó el inicio de la gestión privada del denominado Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, un corredor estratégico que comprende las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
La medida forma parte del plan impulsado por el Ministerio de Economía para transferir la operación y el mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales al sector privado, bajo contratos de concesión de 20 años y con un esquema de inversión íntegramente privada, sin subsidios del Estado nacional.
Para los municipios del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, la decisión tiene un impacto directo, ya que las rutas 3, 205 y 226 atraviesan distritos como Roque Pérez, Saladillo, Bolívar, Azul, Olavarría, General Alvear, Las Flores, Benito Juárez y Tandil, entre otros, siendo corredores fundamentales para el transporte de la producción agropecuaria, la actividad industrial y el turismo.
Según informó el Gobierno, el nuevo concesionario tendrá a su cargo la explotación, administración, mantenimiento, conservación y ejecución de obras que permitan elevar los estándares de seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación. El financiamiento provendrá principalmente del sistema de peajes y de inversiones privadas comprometidas en el contrato.
La adjudicación del corredor fue oficializada en mayo y quedó en manos del consorcio integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A., que será responsable de administrar el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur durante los próximos veinte años
Desde la administración nacional sostienen que el nuevo modelo permitirá reducir el gasto público destinado al mantenimiento vial, acelerar la ejecución de obras y mejorar la infraestructura mediante inversiones privadas. En tanto, el desafío será responder a un reclamo histórico de los usuarios de estas rutas: contar con caminos más seguros, mejor mantenidos y con menores índices de siniestralidad.
La implementación del nuevo esquema será seguida de cerca por los municipios y los sectores productivos de la región, que desde hace años reclaman obras de fondo en corredores clave como las rutas nacionales 3, 205 y 226.
Sin aportes del Estado
Las concesiones se enmarcan en la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, un esquema de inversión 100% privada en el que Rutas Sur Atlántico S.A. financiará íntegramente las obras y el mantenimiento previstos en el contrato. Vialidad Nacional conserva el rol de supervisora, controlando los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas. El organismo destacó que este modelo reemplaza esquemas anteriores que requerían transferencias de fondos públicos para su funcionamiento.
En paralelo, la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. tomará posesión del Tramo Pampa, que comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5 entre Luján y el empalme con la Ruta Nacional 35 en La Pampa, completando así una transferencia total de 1.871 kilómetros de infraestructura vial a la gestión privada.
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