El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del CONICET y la UBA, presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina. El estudio estima que casi el 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra— pertenece a firmas o Estados extranjeros.
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El informe contradice el argumento oficial de que ninguna provincia supera el límite legal del 15%: al analizar por departamentos, 36 distritos ya lo exceden. Casos críticos se registran en Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná.
Según los investigadores, Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Advierten que derogar la Ley de Tierras no apunta a inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de recursos estratégicos, lo que podría profundizar conflictos sociales.
Quiénes compran terrenos argentinos
El otro dato que ordena la discusión es el “quiénes”. El listado de principales poseedores está encabezado por ciudadanos estadounidenses, con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles. En conjunto, esas nacionalidades concentran una porción grande de la tierra extranjerizada, con superficies que, comparadas en términos provinciales, equivalen a territorios completos.
Cómo inició la venta de terrenos a extranjeros
En el informe, aseguran que el proceso de extranjerización del terreno argentino tuvo un salto a fines de los noventa. En 1996, en plena reconfiguración estatal, se habilitaron autorizaciones de venta en zonas de seguridad fronteriza, territorios que históricamente habían tenido resguardos especiales. En esos años se concretaron operaciones por millones de hectáreas, muchas envueltas en denuncias de irregularidades y triangulaciones. Dos casos se volvieron símbolo: el predio en torno a Lago Escondido, en Río Negro, y grandes extensiones patagónicas adquiridas por el grupo Benetton.
En la década siguiente, la ecuación internacional empujó todavía más. Con el alza global de los precios de los alimentos y una economía local que había quedado abaratada tras la devaluación, la tierra argentina se volvió un activo tentador. No solo por su productividad, también por su ubicación: cerca de fronteras, de cursos de agua, o en áreas con potencial minero y energético.
En ese contexto, en 2011, se sancionó la Ley de Tierras. El corazón del esquema fue un límite: hasta un 15% de la superficie rural podía quedar en manos extranjeras, con topes también a escala provincial y departamental.
Sin embargo, en 2016 el escenario volvió a moverse. Un decreto modificó la forma de aplicar la norma y flexibilizó procedimientos. Se ampliaron criterios para definir quién era considerado extranjero y se alteró el modo de medir la extranjerización en sociedades, sucesiones, condominios o participaciones cruzadas.
