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El desafío de reconstruir un país desarmado

imagen ilustrativa Alejandra Lorden

La conducta del Gobierno después de las PASO es digna de análisis. Además de los cambios en el gabinete forzados por Cristina Kirchner, y de la aceleración de los desequilibrios macroeconómicos para darle forma al “plan platita”, es muy notoria la desconexión de la Nación con la agenda de las provincias. La concepción centralista del poder funciona como un refugio cuando las urnas no acompañan.

Con una palabra basta para describir la interpretación que el kirchnerismo hace del federalismo: disciplinamiento. Siempre fue así. Néstor Kirchner construyó su poder doblegando gobernadores e intendentes y Cristina hizo lo propio para consolidar su liderazgo. La gestión de Alberto Fernández echa mano a la misma receta, pero en un contexto notablemente diferente.

Una cosa es premiar leales y castigar díscolos en un período de expansión, con la caja y los apoyos políticos suficientes para postergar las consecuencias del facilismo económico. Otra, radicalmente distinta, es pretender hacerlo desde una coalición oficialista fracturada, con la inflación por las nubes, déficit fiscal consolidado, emisión monetaria descontrolada, una base electoral que se va estrechando y, especialmente, ante una sociedad que dijo basta.

Vamos a los hechos. ¿Qué hay detrás de la carta del presidente en la que le dijo a la gobernadora de Río Negro, a contramano de lo que prevé la ley de seguridad interior, que no le correspondía al gobierno nacional garantizar la seguridad ante los sucesivos hechos de violencia? ¿Y del silencio total ante el intento de toma de la municipalidad de La Rioja por grupos apañados por el gobernador Quintela?

El sometimiento no se circunscribe al plano fiscal. Trasciende el reparto discrecional de recursos que ata de pies y manos a los gobernadores que no reciben lo que les corresponde. Está en marcha un proceso de desentendimiento de la realidad del interior que lesiona aún más el federalismo; una suerte de “arréglenselas como puedan” se infiltra en cada (in)decisión del Gobierno.

Esto no es una cuestión exclusiva de la política, los niveles de gobierno y la organización administrativa-territorial entre Nación, provincias y municipios. Los sectores productivos de la Provincia de Buenos Aires, las economías regionales de todo el país, los nuevos emprendedores y la ciudadanía en general conviven como pueden con un Estado que recauda, restringe y no es capaz de garantizar reglas de juego claras.

La irracionalidad y la improvisación en el ejercicio de la función pública se pagan caro: más pobreza, menos trabajo, peores expectativas. Se habla demasiado de las elecciones del domingo y casi nada del día después: la Argentina está desacoplada en términos institucionales y estratégicos.

Cuando sistemáticamente la arbitrariedad se impone a la planificación surge una crisis de incentivos. ¿De qué sirve hacer las cosas bien (respetar la ley, involucrarse en los asuntos públicos, invertir, innovar) si quienes gobiernan convierten al progreso en una utopía?

Este es el escenario hoy y lo será también luego de las elecciones. La renovación del Congreso y los cambios en las relaciones de fuerza parlamentarias no son suficientes para dejarlo atrás, pero es el primer paso para comenzar la transformación. El reclamo de unidad y armonía viene de la sociedad: los próximos dos años serán fundamentales para consolidar una alternativa política que esté a la altura de los desafíos que supone la reconstrucción del país.

Diputada provincial, vicepresidenta Comité Nacional UCR 

Fuente: prensa Lorden

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