A raíz de la mediatización de un caso protagonizado por el hijo de Roberto Pettinato, vuelve a la luz la discusión sobre las herramientas que tiene el Estado frente a casos de salud mental graves.
En el marco del Encuentro desarrollado en la Ciudad de Tandil el sábado pasado y organizado por la Fundación PODER Buenos Aires, los expertos de la Comisión de Salud de la Fundación, la Dra. Zulma Ortiz y el Lic. Luciano Grasso sentaron una posición clara.
«El problema no es “ley de salud mental si, ley de salud mental no”, el problema es que el sistema de salud de nuestro país vulnera los derechos de las personas con padecimientos mentales y no les da una respuesta adecuada.
Al no implementarse la Ley, nuestro sistema de Salud actual evidencia al menos 3 problemáticas:
a) No promueve profesionales de la salud con la capacidad de hacer prevención de padecimientos mentales, detección temprana y atención de calidad
b) Sigue sin priorizar la incorporación de psicólogos, psiquiatras y psicofármacos en los centros de atención primaria de la salud.
c) Tampoco se abren salas de internación en hospitales generales, ni especialistas en salud mental en las guardias de esos hospitales.
Si la Ley nacional de salud mental se implementara se resolverían estos problemas, porque propone un modelo de atención con equipos interdisciplinarios que acompañan tempranamente a quien sufre, garantizando la continuidad de sus cuidados. Y si esa persona necesita una internación, cuando se encuentra en riesgo, los profesionales de la salud pueden y deben internarla de manera urgente, aún contra su voluntad, en un hospital general.
Es la institución indicada para cuidar a esa persona en un momento de crisis aguda. No hay motivo, ni evidencia que justifique que una persona con un problema de salud mental deba ser internada en otra institución, de la misma manera que sucede con cualquier otra situación aguda por otro problema de salud.
Ya en la prepandemia estábamos transitando una situación muy compleja de distanciamiento entre las necesidades y la demanda de aquellos que sufrían padecimientos mentales y la lenta e ineficiente respuesta de los sistemas de Salud mental.
Pero esto se agravó dramáticamente a raíz del distanciamiento físico y el aislamiento social, que condujeron a mayores niveles de conflictos intrafamiliares y elevaron los niveles de stress de la sociedad en su conjunto.
El crecimiento exponencial de las prevalencias de ansiedad y depresión produjeron comportamientos disfuncionales, agravando en muchos casos la violencia social.
El problema no es la Ley (necesaria para encarar las reformas que deben realizarse en el Sistema) sino la falta de decisión política para implementarla, después de 12 años de haber sido aprobada.»
