Por qué la masiva protesta de la Policía Bonaerense no fue sólo un reclamo salarial

La movilización de efectivos rasos que jaqueó la calle y empujó al Gobierno a un acuerdo que dividió las aguas políticas puso en evidencia el peso aplastante de la propia pirámide policial. Maltrato de superiores, el karma de Asuntos Internos y la violencia que desciende hasta la sociedad

Es muy argentino buscar un complot sólo donde conviene, pero la protesta de la Policía Bonaerense de esta semana no vino de ninguna mente maestra. Hablé con decenas de oficiales jerárquicos esta semana, comisarios y subs, jefes de divisiones, jefes de jurisdicciones, en servicio, retirados pero todavía policías en sus vínculos, en los grupos de WhatsApp de sus camadas de la escuela Juan Vucetich: nadie con una tira dorada en el hombro estaba contento, pero nadie se sorprendió. Iba a pasar. “Pasa por la base”, decían.

Y fue así: pasó por la base.

Salieron a la calle los efectivos rasos, los rangos bajos de los comandos de patrullas que no llegaban a 40 mil pesos netos en sus recibos y buscan empleos suplementarios de vigilantes donde sea, en countries, en empresas de seguridad privada, que maneja después de horas un auto prestado para alguna aplicación después de patrullar el Conurbano envuelto en un chaleco vencido. Salieron las mujeres, madres solteras, con chicos criados por sus abuelas. La verdadera Bonaerense sucia, la que tiene plata, no necesita quejarse en público, porque el que tiene plata, literalmente, no llora.

No fueron a protestar los comisarios que se ríen de su fortuna y hablan de “mi mujer que heredó”, los que tienen taxis a nombre de una ex pareja para lavar el efectivo de sus extorsiones a dealers, cafishos y puesteros, los que presentan declaraciones juradas insostenibles o directamente no las presentan, los que tienen empresas inviables con socios sucios, los que sobreviven a cualquier purga gracias a sus amistades policiales y políticas, los fabricantes de operativos ficticios y los zares de las zonas liberadas, los que zafan en tribunales con fiscales que se acobardan a la hora de investigar y los que no caen, sino que se deslizan porque una mano amiga los lleva hasta la salida elegante.

Esos, los del real poder oscuro, no necesitan cortar ninguna calle. Los más de 50 patrulleros que llegaron al cruce de Florencio Varela, los policías que agitaron durante 72 horas en el Puente 12 de Aldo Bonzi frente al centro de comando de Sergio Berni, los que llegaron a la plaza Brown en Adrogué con sus familias y con carteles que decían “mi vida no vale 50 pesos la hora” tuvieron otra narrativa. “Facebook y WhatsApp, todo pasa por ahí”, aseguraban los jefes en zonas como Berazategui, donde oficiales superiores y personal de la Estación de Policía salieron a la calle a patrullar mientras sus subordinados reclamaban por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo.

Puente 12: los reproches de los uniformados a Daniel García, jefe de la Policía Bonaerense.

En Facebook, el grupo “Policía Reclamando”, con más de 50 mil seguidores, fue el principal motor de la protesta, el primer copo en la bola de nieve: publicó un gráfico donde invitaba a la movilizaciones, “lunes 7/9, retención de tareas, reclamo salarial, puerta de departamentales”. Adrogué fue la punta de lanza el lunes mismo. Un rumor explotó en las filas rasas de la zona: se decía que serían sancionados si protestaban. Entonces, protestaron.

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Al caer la noche, el resto de la provincia comenzaba a plegarse. A la mañana siguiente, La Matanza ganaba la calle. La protesta era un hecho que empujaría al gobierno a la paritaria que nadie quiso dar. La protesta estaba fuera de su ley interna, que les impide movilizarse o agremiarse. Esa prohibición de un sindicato legítimo dificultó las cosas el doble: la rebelión de las bases no tuvo un líder claro con quién negociar, un referente.

El relato principal de la protesta, emplazada en la grieta política como cualquier cosa que se discute en público en la Argentina, se construyó alrededor del reclamo de dinero y de las ironías tristes de un recibo de sueldo, pero hubo otras cosas en la discusión de las movilizaciones que la población civil no ve, no sabe o no entiende. El reclamo, básicamente, fue contra la propia cultura de mando de la Bonaerense, la fuerza de seguridad más grande de la Argentina con 90 mil miembros, una pirámide netamente verticalista donde el peso de la cima solo oprime hacia abajo.

Los efectivos hablaban de maltrato interno, sanciones arbitrarias, traslados fuera de su casa, maltrato a personal femenino en sus períodos menstruales, corrupción interna y presuntas coimas exigidas por sus superiores para salvarse. A un civil en su trabajo -aunque su responsabilidad sea claramente otra- no lo castigan con arresto ante una falta, no lo privan del alto porcentaje de su sueldo en un pase a disponibilidad mientra se inicia una investigación interna que puede durar años.

Oscar Pagano, el cabo primero de La Matanza que amenazó con quitarse la vida al treparse a una torre de comunicaciones el miércoles en Puente 12, había sido pasado a disponibilidad durante más de una década según compañeros suyos que le pedían que desistiera de su intención. Pagano, de 52 años, no sólo reclamaba por sus compañeros, sino por él mismo.

“Sin sanciones disciplinarias”, decía un cartel en La Matanza. El mensaje sobre si habría sanciones internas o causas penales al final de la semana fue impreciso; Sergio Berni no lo aclaró, tampoco Axel Kicillof, aunque el jueves por la mañana una alta fuente jerárquica de la Procuración aseguraba que comisarios en zonas como La Matanza y Lomas de Zamora habían presentado denuncias bajo la calificación de averiguación de delito contra sus subalternos por negarse a salir a patrullar. Irónicamente, una de las principales quejas de los efectivos es el estado general de los móviles y de sus chalecos antibalas. En las cabezas máximas de la fuerza se hablaba de enviar un mensaje, de judicializar. “Si no lo hacemos, nos pasan por encima”, debatían internamente. No ganarían mucho al hacerlo, solo tensar más un conflicto latente.

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En las líneas rasas, el karma de Asuntos Internos existe. La era Ritondo inició 40 mil sumarios y tres mil suspensiones. Bajo el mando del abogado Guillermo Berra se apartó a más de 13 mil efectivos, otros 2.300 fueron exonerados, con dos mil más en procesos de expulsión: más de mil policías fueron detenidos. Había un eufemismo en La Plata: sumarios blandos para los amigos, crucifixión si nadie te quiere. Había motivos para iniciar investigaciones, por otra parte, más allá de hechos de corrupción: más de 800 policías de la Bonaerense fueron sancionados por violencia de género entre 2016 y 2018 de acuerdo a datos oficiales.

El timing político fue otro interrogante: ¿por qué le hicieron protesta durante la gestión de Berni? ¿Por qué a Kicillof y no a Ritondo y Vidal? Oficiales como Oscar Pagano se habían mostrado abiertamente a favor de Berni, un sentimiento quizás general en muchos efectivos. Berni se había dirigido al problema de las investigaciones internas. “Cuando uno se encuentra con que se abrieron 40 mil sumarios estamos ante un problema grave”, aseguró. El muro del grupo “Policía Reclamando” había gritado contra Vidal y Ritondo durante todo 2019 al ver su salario desvanecerse, al reclamar por horas extras que valían menos que un alfajor en un kiosko, el enojo estaba. Ninguna fuente consultada habla de una preferencia política a la hora de protestar. “Iba a pasar”, coinciden los círculos de comisarios.

El rechazo de la sociedad civil tampoco alivió la tensión. Berni, al inicio de su gestión, hablaba de un “92% de repudio” sin citar un estudio. No solo se trató de corrupción: fiscales a lo largo del territorio provincial hablaban de preferir a fuerzas federales sobre la provincial para un operativo, comentaban sobre malos resultados, operativos arruinados. “El efectivo tiene la cabeza en cualquier lado menos en su laburo”, dice un fiscal general que recoge las quejas de insatisfacción.

También se trató de otra generación. “Revuelta de pitufos”, decía otro jerárquico en su silla del conurbano. Los policías locales creados por la era Scioli, absorbidos por el Ministerio, cargan la marca de estar escasamente preparados, de no haber sido hechos en el molde de la escuela Vucetich. Por ende, su lógica, su cultura, es otra.

 “Se rompió la cadena de mando”, decía uno de los efectivos que golpeaba un bombo en Olivos con su reglamentaria al cinto. Si se rompió, fue porque alguien se atrevió a romperla, las nuevas generaciones con una gorra puesta o el desgaste del tiempo que empujó a la base de la pirámide de la Bonaerense a la mayor protesta de su historia. En Puente 12, el jefe de la fuerza, Daniel García, fue abucheado en público. Eso jamás pasó. Nadie le gritó en público y frente a cámaras a Jorge Matzkin, el jefe de la Bonaerense de Scioli, o a Pablo Bressi, el jefe de Ritondo, que dejó el cargo tras acusaciones de golpear a una mujer con la que tuvo una relación, gastado por el fuego amigo de Elisa Carrió. Al final, Cambiemos consideró a Bressi un piantavotos.

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Paradójicamente, entre los puntos de reclamo entregados a Kicillof, se encontraba un pedido de asistencia psicológica. En los cinco años, en el período durante el cual más se devaluó el salario policial, la sobrepoblación en comisarías, la cantidad de detenidos, aumentó más que nunca. En mayo de este año había 5480 detenidos, con lugar para 1200, 350 por ciento de su capacidad, un dato difundido por la Comisión Provincial por la Memoria y confirmado por fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense a Infobae.

El número creció exponencialmente: en agosto de 2019 se informó la cantidad de 3807 detenidos en dependencias policiales; un dato que sorprende si se contrasta con las estadísticas de la Procuración que hablan de descensos de la cantidad de expedientes iniciados entre 2019 y 2020: entre fines de marzo y fines de junio, Lomas de Zamora, la jurisdicción con más casos de la provincia, marcó 30 mil expedientes, 12 mil menos que en el mismo período del año pasado. Esto se traduce en enfermedades, motines, muertes, situaciones aberrantes. La violencia interna de la policía se convierte en violencia hacia la sociedad.

La Quinta de Olivos fue el final, el proverbial ataúd de Herminio Iglesias que anuló cualquier voluntad de consenso. No es fácil empatizar con un funcionario público que protesta en la calle con una pistola reglamentaria al cinto frente a sitio donde duerme el presidente electo por el voto democrático. No hubo acuartelamientos, no hubo toma de rehenes, no se disparó una sola bala de esas pistolas; el símbolo bastó.

Generó repudio de todo el arco político, desde la izquierda a Juntos por el Cambio, se habló del delito de sedición, un levantamiento símil carapintada, un delito federal, aunque el juez sanisidrense Lino Mirabelli, en turno en el área de la Quinta en los días de la protesta, no había recibido denuncia alguna en ese sentido. Sin embargo, la imagen cortó todo avance posible en una negociación. “Así no», fue el mensaje. Entonces, la Bonaerense tomó lo que el poder le dio y fue llevada a un impasse. En el medio, el anuncio de Alberto Fernández de tomar dinero de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para saldar el conflicto quebraba la semblanza de concordia con Larreta en la era del coronavirus.

El sabor, al final, es mixto, los anuncios del gobernador no conformaron a todos, no del todo, pero la oportunidad tomada de cambiar la base de la Bonaerense es histórica. De ahí vienen todos los males.