La Cámara de Senadores aprobó este miércoles por la tarde el proyecto de ley que declara «de orden público» los «Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la deuda soberana» votados a principios de septiembre pasado por Asamblea General de las Naciones Unidas.
De ese modo se busca cerrarle el paso a quienes no entraron en las reestructuraciones que, siendo algo más del uno por ciento de los tenedores, pondrían en peligro todo el proceso de canje de deuda cuya aceptación voluntaria fue de alrededor del 92 por ciento.
La resolución también destaca que los Estados tienen derecho a reestructurar su deuda soberana lo que no debe verse «frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas». Además, postula que la reestructuración debe hacerse «como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores».
Junto a esto, los Estados tendrán la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Por su parte, los acreedores tendrán derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este.
Por otro lado, se deja en claro que la cuestión de la «inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva», para evitar embargos de embajadas o buques. Explicita además, el principio de «sostenibilidad» que apunta a que en todas las reestructuraciones se debe preservar «los derechos de los acreedores» y promover «el crecimiento económico» de los Estados «minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos».
