La Justicia de Jujuy ordenó un allanamiento en la casa de Milagro Sala, ubicada en el barrio Cuyaya de la capital provincial.
Desde temprano, un número nutrido de efectivos policiales jujeños y funcionarios judiciales realizaban el operativo y cortaban el tránsito entre las calles Álvarez Prado y Comandante de la Corte.
La dirigente kirchnerista está detenida desde hace 11 días por decisión del juez jujeño Gastón Mercau. Está imputada por instigación a cometer delitos y tumulto, a raíz de un acampe como forma de protesta contra el gobierno de Gerardo Morales (UCR).
Al poco tiempo de ser detenida, Sala fue acusada por el Estado jujeño de encabezar una asociación ilícita y fraude contra la administración pública porque habría desviado fondos que estaban destinados a la construcción de viviendas. El allanamiento sería para recopilar pruebas y elementos referidos a la dicha causa, informaron medios jujeños.
Ayer, el fiscal de la causa por la protesta, Liliana Montiel opinó que la diputada del Mercosur deberá continuar detenida. El juez Mercau informó que definirá «antes» de los cinco días de plazo si concede o no la excarcelación de la dirigente social.
En medio de la captura, se instaló el debate sobre la legalidad de la detención de la referente de Tupac Amaru. El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, advirtió hoy que Milagro Sala «no está presa por movilizarse», sino «por las distintas causas y los antecedentes penales». Lo cierto es que la imputación judicial ocurrió posteriormente a la captura de la dirigente por el acampe, lo que motivó críticas de la oposición y de agrupaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional.
Hoy, organizaciones de izquierda y de DDHH que forman parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marcharán a las 18 desde Congreso a Plaza de Mayo por la liberación de Sala y «contra la criminalización de la protesta social».
