La Justicia investiga si el exfutbolista y los familiares del legendario capo narco colaboraban con el jefe de un cartel de drogas colombiano.
Mauricio «Chicho» Serna vende por Instagram talleres de motivación y liderazgo. En la misma plataforma Juan Pablo Escobar Henao cita a Jimi Hendrix y promociona sus libros autobiográficos. Su madre, Victoria Eugenia Henao, hace lo propio con sus cursos de coaching, presumiendo una gran capacidad de resiliencia en los posteos con fotografías del pasado, en las que aparece acompañada por una de las figuras más oscuras de historia reciente: Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Es probable que los tres perciban la presión, pero a ninguno parece preocuparle demasiado que en breve deberán explicarle a un tribunal sus intervenciones en el complejo entramado de una organización que lavó en la Argentina dinero del cartel de Cali, de la mano del jefe narco colombiano José Byron Piedrahita Ceballos.
Tras casi cuatro años de instrucción, el juez federal de Morón Néstor Barral elevó a juicio la causa que los tiene como protagonistas, no tanto por sus roles en el esquema del blanqueo de capitales, si no más bien por sus nombres, una cualidad que hizo aún más ruidosa la investigación que comenzó a desandar el expediente del «Café de los Angelitos».
El caso estaba en principio en manos del fiscal Sebastián Basso, ahora quedó a cargo de Santiago Marquevich. Desde el inicio, intervino el equipo de la PROCUNAR, encabezada por Diego Iglesias. La PROCELAC también participó en el proceso judicial.
En palabras de los detectives, el «5 de Boca» y los familiares de Escobar integraron «una asociación criminal estable de corte internacional dedicada a poner en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de maniobras de tráfico ilegal de sustancias estupefacientes desplegadas por fuera de los límites del territorio nacional, que se habrían concretado en Colombia y en Estados Unidos con el objeto que adquieran apariencia de lícito«.
Sorpresivo e inesperado fue encontrar en un allanamiento a Dolcet el contrato que ataban a Piedrahita Ceballos con María Isabel Santos Caballero y a su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos (los nombres que debieron adoptar Victoria y Juan Pablo para refugiarse en la Argentina tras la muerte de Escobar, en 1993).
En el documento se puede apreciar con claridad que fueron ellos dos quienes le presentaron al abogado al colombiano. No lo hicieron gratis: percibieron una comisión de lo invertido por «El Árabe» en negocios inmobiliarios que se desarrollaron en Pilar.
A esa altura, pensar que los involucrados desconocían el pasado/presente del supuesto empresario ganadero colombiano, sonaba, al menos, increíble.
Fue el mismísimo Piedrahita Ceballos, convertido en «imputado coloborador«, el que confesó desde su celda en una cárcel norteamericana, su pasado criminal a los fiscales argentinos, confirmó sus hipótesis y se explayó sobre la relación que lo une a «la viuda» y la tarea que cumplió el exfutbolista en la banda.
En pocas palabras, los delató.
En primer lugar, hizo un breve repaso de la historia que comparte con Victoria sobre los pormenores en el proceso de pacificación en Colombia tras la muerte del capo. Pero, al «Chicho», lo hundió: afirmó que era testaferro del exjefe de la Oficina de Envigado: Carlos Mario Aguilar, conocido como “Rogelio”.
La “Oficina de Envigado” fue creada por Pablo Escobar y trascendió su existencia. Desde allí se manejaban todas las cuentas del cobro del narcotráfico.
«Piedrahita sostuvo que, como Aguilar le debía dinero, se lo devolvió con los bienes que tenía a su nombre Mauricio «Chicho» Serna, tratándose de un inmueble situado en el paraje denominado “El Campito” -actualmente identificado como “Club de Campo San Diego”-, y dos lotes del “Barrio Terravista S.A.”», indica la resolución.
El exjugador de fútbol llega a juicio acusado de partícipe necesario del delito de lavado de activos, agravado por ser por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza. Lo mismo para la exmujer y el hijo del jefe del Cartel de Medellín.
Piedrahita no tendrá que esperar para saber qué le depara la Justicia argentina: acordó, en un juicio abreviado, una pena de 5 años de prisión y una multa de $165.000.000. En noviembre de 2019, tras seis meses encerrado en el país del norte, fue deportado a Colombia.
Mientras tanto, en la Argentina, Barral también elevó a juicio a Antonio Pedro Ruiz -que encabezó la rama gastronómica de las sociedades creadas para el lavado de activos-; a la contadora María Gabriela Sánchez, al exdefensor de All Boys Esteban Adrián Delrio y a María de los Ángeles Verta, la esposa de Corvo Dolcet.
