A contramano de la motosierra de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof aplicó en su primera gestión al frente de la provincia de Buenos Aires un «inflador» de empleo público: en cuatro años solicitó a la Legislatura bonaerense la creación de 70.804 cargos para ocupar diferentes sectores de la administración del Estado provincial.
Un desempeño que envidiaría cualquier agencia de colocación: en promedio por cada uno de los 1.460 días que ocupó la Gobernación, designo a 48.3 agentes en ministerios, escuelas, hospitales, dependencias policiales o áreas penitenciarias.
Los datos están registrados en las tres leyes de presupuesto que aprobó el Parlamento bonaerense para definir gastos y recursos en los períodos 2021; 2022 y 2023. En el primer año de gobierno, Kicillof tuvo que readecuar la ley de 2019 porque no hubo acuerdo para hacer un proyecto en medio de la transición con María Eugenia Vidal (2015-2019). En este 2024 ocurrirá lo mismo: sin acuerdos con la oposición no hay ley de Presupuesto.
El cálculo sobre los pedidos para designar personal figura en un informe que elaboraron asesores del senador provincial Marcelo Daletto (Cambio Federal-UCR) que integra la comisión de Presupuesto y de Reforma Política. Revela que al final del primer mandato de Kicillof, se desempeñan en diferentes áreas de la administración, 709.974 empleados estatales.
El 90% se distribuyen en la Dirección General de Escuelas (398.293); el Ministerio de Seguridad (117.356); Salud (62.490); el Poder Judicial (32.244) y el Ministerio de Justicia y DD.HH. (31.977), donde funciona el Servicio Penitenciario.
Según explicaron los técnicos que confeccionaron el trabajo, “cada uno de esos puestos están fijados en las leyes de Presupuesto. Y en cada confección de la ley, los ministros piden los cupos para cubrir las necesidades de sus áreas para que sean aprobadas por la Legislatura”.
