El protocolo contra las tomas de colegios que había lanzado el gobierno porteño a principios de año podrá implementarse a partir de ahora. Después de que fuera bloqueado en abril por la jueza Elena Liberatori, la Sala 2 de la Cámara resolvió dar lugar al recurso de amparo de la Ciudad.
El protocolo transfiere la responsabilidad de las tomas a las familias de los alumnos. En caso de que los alumnos ocupen una la escuela, los directores deben citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones. Si la familia está de acuerdo con la medida, deberá hacerse cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos.
El instructivo se gestó después de que el año pasado se tomaran 29 escuelas en rechazo al sistema de «prácticas educativas» que traía aparejada la Nueva Escuela Secundaria. Hasta entonces, la responsabilidad era de los rectores que no tenían más herramientas que llamar al Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes, dar intervención al SAME e informar a las autoridades ministeriales. Sin embargo, también por entonces la magistrada Liberatori había considerado que las tomas de colegios no constituían un delito y dejaba sin margen de acción a los directores.
El nuevo fallo llega días después de que 12 colegios permanecieran tomados en la vigilia del debate por la legalización del aborto en Diputados. Ahora, con el aval de la justicia, el GCBA comenzará a aplicar el nuevo protocolo.
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A su vez, el fallo aparta a Liberatori de poder interferir nuevamente en la aplicación del instructivo. «Es muy crítica con la participación de Liberatori. Da a entender que se esfuerza por sostener un proceso judicial en el tiempo sin ningún sustento jurídico. Responde a una lógica política», señalaron a Infobaefuentes del ministerio de Educación porteño.
A principios de año, cuando se lanzó el protocolo, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, había dicho: «Para nosotros no puede quedar en la nada y naturalizado que cuando los chicos no están de acuerdo con una política puedan tomar una escuela. Lo que está atrás de la resolución es que las acciones tengan consecuencias y no se vulnere el derecho a la educación de los otros».
Ante el llamado de las autoridades por una ocupación, los padres deberán pasarlos a buscar o bien autorizar la toma con las posibles multas que ello conllevará. La decisión constará en un acta que cuando se presente un caso de vandalismo llegará a la Procuración General -previo paso por el ministerio- que dispondrá multas económicas de acuerdo a los daños.
La responsabilidad por lo suceda será de los padres. Cuando haya toma, quedarán sin vigencia las autorizaciones que se emiten a principio de año para que los chicos se puedan retirar por su cuenta de la institución.
