Layla desapareció el 22 de octubre, tras salir del colegio. Una compañera fue la última persona en verla, en una esquina del barrio de Flores, a las 14:30. Los familiares de la niña se quejaron por el trato de la policía. Ese día les pidieron que volvieran en 48 horas. «Justamente se recomienda lo contrario: denunciar cuanto antes para abrir una investigación judicial y dar a conocer la foto de la víctima en los medios de comunicación y las redes sociales», explicaron desde La Alameda.
Gracias al asesoramiento del abogado Damián Angrisani, de La Alameda, los padres consiguieron ser querellantes en la causa y lograron activar un allanamiento que no arrojó resultados positivos.
Los familiares de Layla y La Alameda realizaron hoy un nuevo reclamo ante el Juzgado de Instrucción N° 44, a cargo de Eduardo Adrián Daffis Niklison, por las demoras en la investigación. El magistrado finalmente recibió a los padres, su abogado y el legislador porteño Gustavo Vera, quienes sugirieron 15 medidas, entre ellas, domicilios para allanar, teléfonos para cruzar datos y distintos perfiles en las redes sociales. El juez las aceptó. Y dispuso que los padres reciban custodia policial porque fueron amenazados, aunque la orden todavía no fue materializada.
