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En este sentido, Curto explicó que los amparos no solo son presentados por los municipios sino también por las ONG en lo que se denominan acciones colectivas. “Lo más efectivo es plantear este tema a nivel judicial, a través de un grupo de vecinos, una ONG o un organismo público”
“Tendríamos que lograr medidas cautelares, que sería cancelar la tarifa para que vuelva al estado anterior y se regule y una no innovativa para que se facture de acuerdo a lo que se facturaba anteriormente y además tendría que intervenir una justicia federal», concluyó.
