Pocos dudan de que Buenos Aires tiene un problema de caja muy importante, con un BAPRO que ya no puede financiar más la provincia, y Alberto Fernández no está dispuesto a hacerlo como tampoco lo hizo Mauricio Macri con María Eugenia Vidal, por lo que Axel Kicillof avanza con este proyecto impositivo al cual no se atrevió su antecesora por temor a perder su popularidad. El dilema es cómo hará el flamante mandatario para sostener la suya con subas de hasta el 75% en el Inmobiliario. Peor aún, en un marco nacional que podría convertir el «impuestazo» en una verdadera pesadilla para los contribuyentos con un fuerte «efecto cascada», que ya comenzó a gestarse.
Tras el receso por Navidad, la legislatura bonaerense comenzará a tratar hoy el proyecto de ley impositiva que definirá los gravámenes, y por consiguiente los ingresos, con los que deberá gestionar durante el 2020 el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El proyecto que envió el Ejecutivo provincial el 24 de diciembre contempla, entre otros ítems, una adecuación de las valuaciones fiscales y una estructura de topes que, en algunos casos, redundará en subas de hasta el 75% tanto en el el Inmobiliario Urbano como en el Rural. Tiene 108 artículos y una copia del Pacto Fiscal que en total suman 150 páginas. La extensión y la fecha es uno de los argumentos que exponen algunos sectores políticos para intentar postergar la discusión, ya que los 138 legisladores se encontraban dispersos por toda la provincia y recién hoy comienzan a arribar a La Plata.
Con todo, el quórum estaría garantizado. En efecto, antes de viajar para pasar fin de año, la ex gobernadora María Eugenia Vidal garantizó que sus 26 senadores se sentarán para habilitar el debate.
Pero en el oficialismo habían dejado en claro que Kicillof y su equipo quieren comenzar el 2020 con todas las herramientas aprobadas y disponibles, por lo que hubo varios contactos telefónicos con la oposición. «Las negociaciones se van a desarrollar durante todo el día pero entendemos que a partir de las 15 horas puede ser que empiece la sesión», aseguraron.
De todas formas, ya avisan que la negociación será difícil. Mientras tanto, hay puja para saber quién del oficialismo y la oposición se queda con sillas claves en estructuras como el Banco Provincia y las comisiones legislativas y qué cosas terminarán siendo la moneda de cambio en las negociaciones. Desde Juntos para el Cambio, por ejemplo, ya señalan que «el impuesto rural está un poco alto».
«Si no es una ley racional y atenta contra los sectores que nosotros representamos vamos a plantear modificaciones fuertes», advirtió al diario ‘La Nación’ el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Maximiliano Abad.
«En el caso del impuesto inmobiliario rural y urbano, el principio que guía la propuesta es, precisamente, la progresividad tributaria, lo que se logra mediante topes segmentados a las variaciones», explicó el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López.
Según López, «a más de la mitad de los propietarios rurales se les aplicará una actualización por debajo de la inflación de 2019, a lo cual además se suma el descuento del 20% por pago en una cuota».
Si bien el diálogo entre Kicillof y la jefa de la oposición en la provincia sirvió para destrabar la votación que permitió declarar la emergencia económica, social, productiva y energética en el principal distrito del país -le permite al gobernador tomar créditos por $74.000 millones hasta abril, poderes para rescindir contratos de obras y congelar por 180 días tarifas energéticas y de transporte-, desde la oposición rechazaron que ese arreglo incluya también la ley impositiva.
«El acuerdo fue por el tema deuda, no por la ley impositiva. La ley no nos parece que esté bien, igualmente la mandaron ayer, no la podemos votar mañana. No la pudimos analizar en profundidad», resumió uno de los hombres más cercanos a la exmandataria.
El vidalismo hizo sentir la semana pasada el peso de tener el bloque más voluminoso del Senado ya que, para otorgar la venia a las emergencias pretendidas por Kicillof, el bloque de Juntos por el Cambio se aseguró, por ejemplo, la inclusión de un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), con giro directo a los municipios por 2 mil millones de pesos.
Según habrían confiado fuentes del Ejecutivo provincial y parlamentarias al diario ‘Clarín’, ya hay un «acuerdo general» entre el oficialismo y Juntos por el Cambio para sacar la norma. «El acuerdo general está. Sólo falta definir algunas cosas en el Senado, como una dirección para el Banco Provincia. Pero si Axel accede a eso, el proyecto sale rápido», precisó una fuente parlamentaria.
Un diputado opositor coincidió en que hay «idea de acompañar», pero agregó que «vamos a ver punto por punto y nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para acompañar».
Desde la Gobernación, en tanto afirmaron al mismo medio que «entre hoy (jueves) y mañana (viernes) sale. Primero en Senado y después en Diputados. Como en el Senado somos minoría, puede que quede alguna cosa por acordar».
Kicillof y su equipo justifican que la norma busca dotar de progresividad a los impuestos de la provincia y que los aumentos establecidos acompañarán a la inflación de 2019, estimada en 55%.
Desde la administración provincial explican que el paquete impositivo se decidió teniendo en cuenta que la provincia «se encuentra atravesando una situación de emergencia. Para atender las urgencias y prioridades definidas es necesario mantener el nivel de ingresos del Estado provincial. Pero al mismo tiempo es fundamental hacer más justa la recaudación, cobrando más al que más puede y generando alivio a los pequeños y medianos productores y propietarios».
El dilema verdadero para Kicillof es cómo hacer para mantener la popularidad en este marco. En efecto, la propia Vidal no avanzó con esta iniciativa porque suponía que así mantendría la imagen que finalmente Macri le terminó por destrozar.
Para sumar males, si bien destacan que el proyecto de ley impositiva se propone «actualizar los valores de los impuestos del año pasado tomando en cuenta la inflación de 2019 (estimada por privados en 54,6%). Es decir, no incrementa la presión impositiva en promedio en términos reales», desde las provincias podrían sumarle incluso mayores complicaciones por el «efecto cascada».
En efecto, Santa Fe también impulsa proyectos para aumentar gravámenes provinciales, y San Luis va por lo mismo.
En la primera, el gobernador Omar Perotti envío una suba de tributos provinciales a la Legislatura. El ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, planteó que las subas del impuesto Inmobiliario, Patentes, Ingresos Brutos, Servicios y Sellos irán del 10% al 40%. Además, dijo que «no puede confirmar» aún si sube tarifas en electricidad y agua hasta julio.
En San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá envió un proyecto con subas de hasta el 61%. El mandatario pretende una suba en Ingresos Brutos, Automotor, Sellos e impuesto Inmobiliario. Según publicó el diario ‘El Cronista’, la norma no se pudo tratar el viernes pasado, por falta de respaldo, pero volverá a intentar esta semana.
Esta mañana, Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Kicillof, salió a defender el proyecto: «No sé dónde está el impuestazo, no lo encuentro», dijo.
En declaraciones a ‘La Red’, contestó a las críticas, acentuadas por la fuerte suba de 75% que prevé la iniciativa en el impuesto inmobiliario rural, diciendo que «el 75% de aumento afectará a un puñado de propietarios, para la gran mayoría la suba es menor a la inflación».
La mano derecha del gobernador repitió que el principal problema fue la inflación y la nueva administración necesita recursos para poder gestionar. «Sin recursos es imposible hacer política industrial o política social; tenemos vencimientos por $200 mil millones y está previsto un déficit de caja por otros 200 mil millones, la manta siempre es corta y sobre todo en situaciones de crisis como esta», aseguró Bianco.
Por último, el funcionario sostuvo que el aumento al impuesto rural afectará a un «puñadito» de contribuyentes integrado por 300 grandes productores. En el caso del área urbana, las mayores subas afectarán al 7% de los propietarios. «El 86% de las propiedades van a tener un aumento menor a $3.500 y se podrá pagar en cinco cuotas; no me parece que se pueda considerar un impuestazo», reiteró.
