Muchas veces anunciado, a las claras resistido y denunciado por amplios sectores de asociaciones de consumidores y pequeños y medianos productores, y por supuesto por la amplia mayoría de la oposición política, entre ellos el Frente para la Victoria (FpV) que desde los primeros anuncios del Ministerio de Energía, se manifestó en los distintos niveles de gobierno, a través de los cuerpos legislativos, en contra de este aumento irresponsable, inconsulto, y que atenta contra cualquier recomposición seria, que es lo que se pretende justificar, de las tarifas de la energía en nuestro país.
Desde el Bloque de concejales del FpV, como lo hemos manifestado en varias oportunidades, expresamos nuestro rechazo al tarifazo, tanto en lo que compete a la energía eléctrica, como al gas. Es de más reiterar, la presentación de proyectos en este sentido, adhiriendo a amparos, a leyes en pos de favorecer a clubes de barrios e instituciones, solicitando al ejecutivo municipal que encabece reclamos en favor de frenar los desmedidos aumentos, que no era ni más ni menos que ponerse en defensa del bolsillo de los saladillenses. La mayoría de las veces no fuimos escuchados por el oficialismo, e inclusive tratados como agoreros de horizontes oscuros no tan reales.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren oficializó la medida adoptada por Gobierno, anunciando el nuevo cuadro tarifario del gas para usuarios residenciales y pymes. Las subas para los hogares están en torno al 200 por ciento promedio respecto de la tarifa plena vigente desde 2014. En el caso de las pymes, que no habían sido alcanzadas por el fallo de la Corte Suprema que anuló el ajuste de abril, se anunció un aumento más gradual de 277 por ciento en promedio para las dos primeras categorías (P1 y P2) y de 369 por ciento para la más alta (P-3).
Eso sí, volverán a regir topes de hasta 400 por ciento de incremento para hogares y continuará el de 500 por ciento para pymes.
Pero aquí no acaban los anuncios, este es el primero de otros, que seguirán, el próximo será en abril, justo antes del comienzo del invierno, pues el objetivo oficial es garantizarle a las empresas precios crecientes alineados con la paridad de importación en dólares.
Hay que ser justos, Aranguren anunció también que la semana próxima saldrá una nueva resolución que flexibilizará los criterios para acceder a la tarifa social y otra que reglamentará la ley 27.218 de Entidades de Bien Público instruyendo al Enargas para que les aplique la tarifa residencial y no la vigente para los comercios.
Cuando desde la oposición pusimos en discusión y rechazamos las políticas implementadas desde un comienzo por el gobierno de la Alianza Cambiemos, cuando dijimos que los anuncios de campaña de este gobierno, no fueron más que un slogans de campaña acerca de la pretendida pobreza cero, cuando denunciamos que la recesión generada en estos nueve meses, está totalmente alejada de la peor de las situaciones que se haya vivido en los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, retrotrayéndonos a situaciones vividas en los 90 y por qué no al desastre socioeconómico del 2001. Así vamos anunciando y siendo testigo de un retroceso alarmante sobre el crecimiento económico generado sobre los pasados doce años, vulnerando el poder adquisitivo de la población, depreciando los salarios de los trabajadores, destruyendo el aparato productivo, atacando a las economías regionales y la industria nacional con la apertura de las importaciones y el aumento de los insumos, volviendo al endeudamiento, evidentemente no eran declaraciones alarmistas. Eso es lo que vislumbrábamos en políticas de mercado signadas en la reedición del neoliberalismo, y es lo que está sucediendo.
Colateralmente acompañan políticas sociales de ajuste, intimidación, violencia y mentira como respuesta del estado.
Recesión que será acompañada por una creciente represión, una ecuación que cierra, y por cierto no es novedosa.
