Nadie discute que hay una crisis en el sector de los Servicios, en virtud de que durante muchos años no se han realizado las inversiones necesarias y al mismo tiempo no se han ido actualizando en forma progresiva y razonable las tarifas como lo indica un criterio lógico del manejo económico.
Ante esta situación el Gobierno decidió aumentar las mismas, dichos aumentos fueron cuestionados no solo políticamente sino por la realidad. No tiene ninguna lógica ningún tipo de aumento del 400% o porcentaje parecido en cualquier servicio, por más atrasadas que estén esas tarifas.
Nadie puede pagar más de lo que le permite el bolsillo. Una tarifa es justa cuando en términos generales se pueden pagar, y esto va más allá de las cuestiones legales: si hubo o no audiencia pública, porque si hay audiencia pública y si se fijan tarifas que no se pueden pagar estamos en la misma situación.
Este concepto está dirigido a los que potencialmente y en términos razonables, pueden pagar un aumento. Los sectores de altos ingresos siempre pueden pagar, pero el precio debe ser justo aún para estos sectores y para los que no pueden pagar aumentos justos esta la Tarifa Social, y los excluidos directamente no tienen servicios y es entonces obligación de cualquier gobierno arbitrar los medios para que los servicios lleguen a todos.
Las distintas presentaciones de organizaciones representativas de los consumidores y/o particulares fueron determinando definiciones de la Justicia en instancias inferiores a la Corte Suprema. Finalmente la Corte Suprema dio a conocer su fallo y no fue el que esperaba el Gobierno.
Esto por ahora habla bien de la división de Poderes. Por su parte el Gobierno envió al Ministro del Área correspondiente (Juan José Aranguren) a dar explicaciones al Congreso tal como había sido solicitado por los legisladores de la oposición.
Y esto también habla bien del Gobierno, más allá que se pueda estar de acuerdo o no con esa explicación .Finalmente ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia el Gobierno ha expresado que será acatada la decisión del Tribunal Supremo.
Todo lo expresado implica que funciono la división de poderes y el gobierno ha tenido una actitud republicana. Podemos decir que hay República. Ahora bien como se soluciona el problema. A mi modesto criterio esto requiere una solución política.
El problema esta: Hay falta de inversión de hace muchos años, las tarifas quedaron rezagadas porque no se fueron aumentando en forma progresiva como debe ocurrir en cualquier servicio lo presten estos los Privados o el Estado en sus Niveles Nacionales, Provinciales o Municipales.
Las empresas que prestan los servicios deben hacer las inversiones, pero no pueden quebrar. Se deben garantizar los servicio y las inversiones para hacerlos sustentables en el futuro. Pero es fundamental que las tarifas que se fijen puedan ser pagadas por los ciudadanos y las empresas. Ante este dilema se dirá: que esta primero el huevo o la gallina? Gran interrogante.
Por eso digo que la solución debe ser política. No se puede esperar mucho tiempo en resolver este problema porque nos afecta a todos. Los gobiernos en la escala superior del Estado disponen de instrumentos de política económica para encontrar una solución razonable. No importa quién se lleve el rédito el tema es que se solucione. Políticos, Economistas y ex –Ministros de Energía todos de distintas expresiones al ser convocados pueden aportar un menú de opciones.
El Liderazgo del actual Jefe de Estado definirá ante las alternativas que se le presente la opción más razonable. En todos los partidos hay políticos y técnicos que pueden aportar ideas que conlleven soluciones.
Ya sabemos de la herencia, por eso ahora hay que actuar y mirar hacia adelante, lamentándonos con lo que paso no solucionamos nada.
Este gobierno que se propuso como distinto debe liderar en consecuencia la búsqueda de soluciones. Si así lo hace encontrara el respaldo ciudadano.”
Carlos Antonio Gorosito.
