En 1991 se sancionó la Ley de Cupo Femenino, siendo Argentina el primer país del mundo en promulgar una ley de discriminación positiva de ese tipo, la Concejal María Marta Delucía fue en ese momento parte activa de los Encuentros Nacionales de Mujeres que militaron por la Instalación de la Ley de Cupos. En 1983, con el advenimiento de la Democracia sólo 4 mujeres integraban la cámara de legisladoras nacionales, al momento de sancionarse la Ley había sólo 12 legisladoras y diez años después y como consecuencia de la aplicación de la Ley de Cupo Femenino, comienza un progreso sostenido de presencia femenina en ambas cámaras nacionales que expresa en la actualidad un 35 % Diputadas y 41 % de Senadoras.
Nuestro país fue pionero en la materia producto de la lucha de Organizaciones de Mujeres y Políticas y luego de la sanción de dicha ley en Argentina, catorce países de la región promulgaron leyes similares. El impacto de la ley de cupo femenino que impulsó la llegada de más mujeres a los ámbitos legislativos, no fue solo cuantitativo. A nivel cualitativo podemos mencionar algunas de las leyes más importantes introducidas o impulsadas por mujeres, tales como la ley de salud sexual y reproducción responsable, la ley de parto humanizado, la ley de protección del niño, la niña y el adolescente, la ley que previene y sanciona la trata de personas y la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
La participación política de las mujeres es un asunto de voluntad política. Si los líderes políticos deciden actuar a favor de la entrada de la mujer en el parlamento —instaurando cuotas electorales de género, nombrando a más candidatas y colocándolas en posiciones favorables, adoptando sistemas electorales que conllevan la elección de más candidatos por circunscripción—, habrá más mujeres presentes. Esta inclusividad aumenta la legitimidad y eficacia de los parlamentos. En 2015, este grado de voluntad política fue evidente en algunas elecciones. No obstante, sin un grado mayor de compromiso, las mujeres seguirán ocupando una proporción minoritaria de los escaños en el parlamento, y no una porción equitativa.
