Un análisis revela qué implica para la Casa Rosada desembolsar un cuarto auxilio de $10.000. Cómo puede impactar en la inflación y en la negociación con el FMI.
Gastos que superan a los ingresos. La definición puede resultar demasiado simple ante una realidad tan compleja. Pero cuando desde el presidente Alberto Fernández hasta el último de sus ministros afirman que todavía no está definido el pago de un nuevo bono de $10.000 correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia, el motivo de esa indefinición se esconde en esa regla planteada al inicio.
De todos modos, un rápido repaso por las últimas acciones del Gobierno le da forma a otro interrogante: ¿por qué luego de haber desembolsado nada menos que tres ediciones del IFE, el número 4 genera tantas dudas y especulaciones? A saber:
El destino del gasto
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), hasta el 5 de octubre, tras haberse cumplido 200 días de cuarentena, el Tesoro ejecutó un paquete de medidas económicas que supusieron un gasto público de $941.328 millones, además de una resignación de ingresos por otros $96.210. El objetivo: asistir a los sectores más afectados por la pandemia, desde empresas hasta particulares que dejaron de percibir sus ingresos formales.
- En total, el costo fiscal de todo ese conjunto de iniciativas quedó por encima de los $1,03 billones, que equivalen a dos meses de recaudación y a un promedio diario de $5.183 millones.
- De aquellos $941.328 millones, alrededor de $359.392 millones se destinaron a gastos de carácter social (el 1,33% del PBI). Este fue ítem principal de erogaciones del Estado en la cuarentena.
- A su vez, cada una de las tres emisiones del IFE implicaron un desembolso total de $90.000 millones para un universo de unos 9 millones de argentinos.
Quiénes son los beneficiarios
De los 9 millones que recibieron el IFE, según consigna Anses, el 61,5% son menores de 35 años. Y dentro de ese rango, el 55,7% son mujeres. Esos dos grupos representan, al mismo tiempo, los sectores más castigados por el desempleo.
Por su parte, un informe del Centro de Estudios de Ciencias Económicas, realizado por Oscar Cetrángolo y Javier Curcio en mayo de este año -también con datos del organismo de Seguridad Social-, mostró una radiografía aún más profunda en relación con quiénes son los que accedieron a este programa que nació de la mano de la pandemia:
- 2,4 millones de hogares, que constituyen el 30,4% del total de destinatarios IFE, son titulares de prestaciones AUH o AUE.
- Los monotributistas sociales o con categorías A o B alcanzan a 469.330 personas y constituyen el 6% del total de los destinatarios del IFE.
- Los empleados de casas particulares formales alcanzaron a 133.511 y representan el 1,7% del total.
- Los 4,9 millones de beneficiarios, trabajadores informales o desempleados representan el 61,9% del total de prestaciones habilitadas por esta iniciativa.
- El 63% de los destinatarios del IFE son unipersonales y el 37% restante compone grupos familiares de dos o más personas.
- El 24,8% del IFE fue para jóvenes de 18 a 25 años, grupo etario en el que 6 de cada 10 personas tiene un empleo informal, concentran un 38,8% del desempleo del país y el 48% se encontraba antes de la pandemia por debajo de la línea de pobreza.
El verdadero “costo” del Ingreso Familiar de Emergencia
“Los $90.000 millones que se invierten por cada IFE es mucho dinero. Para tener una idea, la base de emisión del Banco Central en lo que va del año es de 1,7 billones de pesos. Es decir que lo que se destinó para su pago es casi igual al 5% de esa emisión”, ejemplificó el analista económico y consultor Damián Di Pace en diálogo con este medio.
Las palabras de Di Pace, a su vez, revelan un segundo “costo” que implica cada desembolso del bono y que va más allá del valor de los $10.000: la emisión monetaria y la inflación.
“Si bien se tomó alguna línea del BID para asistencia social, lo del IFE es emisión pura. Fogonear ese tipo de plan implica beneficiar a un universo que hoy no podés identificar porque es imposible saber lo que está pasando en 8,9 millones de personas. Pero a su vez estás fogoneando la inflación. Y así, con mayor inflación, no solo vas a licuar esos $10.000 que estás dando, sino también los ingresos del resto de los 35 millones de habitantes”, expresó Di Pace.
“La realidad es que todo indica que Argentina tiene que reducir el déficit fiscal, que lo tiene porque los ingresos son superados por los gastos. Eso es el gasto público. Hay que reducirlo y presentar un plan consistente para que esa reducción lleve a una baja del déficit y de la emisión de moneda”, completó el analista.
El peso del FMI
Poco después de abandonar el país tras una visita de cinco días, cuyo fin es comenzar a negociar para refinanciar vencimientos por unos US$ 45.000 millones, los enviados del Fondo Monetario Internacional emitieron un comunicado en el que no dejaron dudas sobre cuál debería ser la hoja de ruta que deberá cumplir la Argentina.
«Un conjunto completo de políticas podría respaldar el restablecimiento de la confianza, pero deberá calibrarse con mucho cuidado para promover la recuperación y asegurar la estabilidad macroeconómica», afirmaron en un comunicado Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, y el jefe de la misión, Luis Cubeddu.
¿Qué relación tiene el mensaje del Fondo con el pago del IFE? Simple: equilibrio fiscal, una condición que, sin dudas, estará entre las exigencias del FMI para alcanzar un acuerdo. En ese marco, pagar un nuevo auxilio de $10.000 iría a contramano de lo sugerido por el organismo.
Qué puede pasar con el IFE
Al margen de las cifras, el escenario actual marca que el número de contagios y de muertes por coronavirus que la Argentina exhibe principalmente en el interior provocarán una presumible baja de la actividad. Y por ende, el reclamo de un nuevo auxilio por parte de los gobernadores de las provincias más afectadas -que ya comenzó el pasado viernes- irá en aumento.
En este contexto, el Gobierno se encuentra ante una difícil disyuntiva. La primera opción, y que parece cobrar fuerza, es habilitar un nuevo pago y agravar aún más el rojo de sus cuentas; la segunda, cortarlo definitivamente a riesgo de dejar sin asistencia a una porción de la población que hoy se anota entre los que conforman el 13,1% de la tasa de desocupación y el 40,9% de pobreza.
