La letra fina del proyecto aún se desconoce, pero el propio Gobierno ya adelantó que el objetivo es reconvertir el Ingreso Familiar de Emergencia en una ayuda basada en asistencia, capacitación y empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años.
Mientras aún se aguarda una respuesta por parte del Gobierno para confirmar si se hará efectivo el pago del cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la continuidad de esta ayuda social que surgió a partir de la pandemia ya tiene fecha de caducidad.
De hecho, no forma parte del proyecto de ley del Presupuesto 2021 que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó días atrás en el Congreso.
Y lo mismo sucederá con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que tampoco está considerado entre los gastos del Estado para el año próximo.
No obstante, aunque a priori pueda considerarse como una eliminación lisa y llana de este beneficio, el Ejecutivo analiza reconvertirlo en otro tipo de auxilio social.
La Renta Básica Universal, un programa basado en asistencia, capacitación y empleo y que consistirá en el pago de un salario mínimo, vital y móvil, hoy equivalente a $16.875.
Quiénes accederían a la Renta Universal
Tanto la titular de Anses, María Fernanda Raverta, como el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo -el primero en hablar del Renta Universal, en el mes de julio-, coincidieron en que existen entre tres y cuatro millones de personas de 18 y 24 años, de las nueve que actualmente cobran el IFE, que no reciben asistencia estatal.
La Renta Básica Universal, entonces, buscaría apuntalar a esta franja de jóvenes, teniendo en cuenta que desde el Gobierno analizan que los menores de 18 son asistidos a través de la AUH, mientras que los mayores de 65 ya reciben jubilaciones o pensiones.
Aunque el impacto fiscal de la medida es por demás significativo para un Estado que prevé un déficit de 1,7 billones de pesos para 2021, la iniciativa va de la mano con un planteo efectuado por la propia ONU a mediados de año.
En ese entonces, un informe difundido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso la puesta en marcha de una renta básica.
«Para que los países en vías de desarrollo puedan cumplir cuarentenas y las medidas de distanciamiento social necesarias para contener una pandemia que se torna incontrolable».
«Esto no es un llamamiento de donaciones, no es una ayuda del Fondo de Emergencia de la ONU para las naciones más pobres, sino una propuesta para que los gobiernos de esos países examinen sus opciones para afrontar la pandemia», apuntó el texto en ese entonces.
Cuáles serían los requisitos
Si bien aún resta conocerse la letra fina del proyecto, el propio ministro Arroyo dio algunas precisiones del borrador que maneja el Ejecutivo.
«El pago de la renta universal será por etapas, dando prioridad a los sectores de menores ingresos, atendiendo a quienes no tienen trabajo», afirmó hace casi dos meses.
«En lo que llamamos la reconstrucción, nosotros la vemos con tres patas: la renta básica universal, que garantiza un ingreso; el Plan Potenciar Trabajo, que genera facilidades para insertarse laboralmente; y la urbanización de 4.000 barrios populares», agregó luego el funcionario.
A partir de estos dichos, la RBU incluiría no solo a jóvenes desempleados de entre 18 a 24 años, sino también a los beneficiarios de AUH y AUE; monotributistas de la categoría A y B y monotributistas sociales, entre otros.
Más declaraciones sobre la Renta Básica Universal
Daniel Arroyo, en declaraciones en el mes de Agosto, descartó que se vaya a implementar un pago universal por en el corto plazo, pero dejó una puerta abierta al remarcar que el Gobierno está «evaluando distintas alternativas para el después» de la pandemia.
En esa misma línea, Cecilia Todesca, quien una semana antes dijo que no se está pensando en su implementación porque ya existe “un paraguas” de políticas sociales muy buenas y efectivas para sostener la población.
